El problema de la vivienda se ha convertido en un dolor de cabeza para los ciudadanos de Baleares. La escasa oferta y su elevado precio, unida a la necesidad que reclaman colectivos claves para el desarrollo de la actividad en sectores básicos (sanidad, enseñanza, administración...) ha convertido este asunto en una prioridad para el nuevo Gobierno, que en cuestión de semanas ha activado un decreto ley de emergencia residencial con el cual intentar aportar soluciones legales de cara en los próximos meses y evitar situaciones comprometidas a quienes no pueden asumir el elevado coste de un techo en las islas, incluyendo conceptos como la vivienda  de precio limitado.

Además de hacer frente al alquiles turístico ilegal, la prioridad del decreto  ley redactado por el equipo de la Consellería de Vivienda, y presentado este lunes por su titular, Marta Vidal, persigue abrir con celeridad y condiciones asequibles el mercado de la vivienda a las clases medias y trabajadoras, las grandes afectadas junto a otros colectivos que han encontrado en la insularidad otro hándicap añadido a la carestía de oferta, especialmente en islas como Ibiza, señalada por un problema enquistado y que ha lastrado especialmente a algunos servicios esenciales.